La tragedia de seis personas muertas durante la temporada vacacional recién concluida, debiera ser tomada en serio por autoridades estatales para iniciar una investigación sobre la denominada Promotora y Administradora de Playas.
Una auditoría encaminada a determinar porque esta oficina ha reducido su operatividad en un 45 por ciento, y prácticamente paralizó las acciones preventivas en favor de bañistas exhibiría la crisis en la que quedó entrampada esa dependencia ante el saqueo de equipo, la no rendición de cuentas y el manejo al estilo de empresa familiar en quiebra.
El recuento del descontrol con que es operado el organismo a cargo del taxista Misael Lorenzo, hombre dedicado toda su vida al volante pero al que se le confió esa responsabilidad por el intenso activismo priista de la organización transportista Un Nuevo Horizonte para Guerrero, paradójicamente arroja daños patrimoniales para la Promotora pero a la vez revela la prosperidad inocultable del ruletero habilitado como funcionario.
Independientemente de la carencia de perfil profesional a cargo de un área sensible cuya responsabilidad básica es el saneamiento de las playas acapulqueñas, y la seguridad de los turistas, el director del organismo debe explicar por lo menos tres puntos sobre el destino que ha tenido el equipamento operativo de la Promotora:
1.- Al recibir la dependencia, 2015, Misael Lorenzo disponía de un parque vehicular de 4 unidades recolectoras: 3 camiones de10 toneladas y uno pequeño de 3 toneladas. Uno fue robado y tres están descompuestos; cuatro motos acuáticas para tarea de rescate en las playas; cuatro motores fuera de borda para auxiliar a turistas; también en calidad de préstamo se le entregaron otros cuatro motores fuera de borda de alta potencia para colocarlos en las barredoras marinas y eficientar la recolección de desechos en el espejo de agua.
Tan solo en este inventario, una indagatoria contable dispone de elementos suficientes para aplicar responsabilidad legal.
2.- El camión recolector de basura prácticamente desapareció. De acuerdo a testimonios de trabajadores de la misma Promotora, las motos acuáticas y los motores fuera de borda fueron vendidos a prestadores de servicios náuticos de Caleta y Caletilla; actualmente de 15 barredoras marinas que le fueron entregadas solo operan dos para todo el litoral de la bahía de Santa Lucía, las demás fueron desarmadas y vendidas por piezas; la Promotora también recibió de la ZOFEMAT bajo el concepto de comodato dos tractores para contribuir en la remoción de escombros y puntos negros de proporciones monumentales. Al final de cuentas, los dos tractores se descompusieron y fue más fácil desmantelarlos y venderlos por piezas que volverlos a reparar.
3.- En marzo del 2016, el gobierno estatal le entregó a Misael Lorenzo uniformes para los elementos salvavidas y equipo a trabajadores que realizan limpieza en playas. Ahí mismo se entregaron 200 carpas y toldos, 900 sombrillas, 800 camastros, así como dos mil 700 sillas modelo Acapulco.
El paquete incluyó 410 botes de basura, 10 barredoras marítimas, 10 motores fuera de borda, 730 uniformes a personal operativo y guardavidas, además, 25 torres para guardavidas y un tractor nuevo para limpieza de las playas de Acapulco.
Dos años después, la mayor parte de ese equipo ha desaparecido y lo rescatable registra severo deterioro.
De hecho, el área de mantenimiento de la Promotora fue desaparecida por Misael Lorenzo para dar cabida a poco más de treinta personas incluidas en lista de raya que no trabajan en el organismo, lo que se acentuó durante la pasada campaña electoral cuando el funcionario taxista decidió apoyar a los candidatos de la coalición PAN-PRD-MC.
Durante el proceso electoral, el personal administrativo de la Promotora vio ingresar facturas de compras cuyos activos físicos nunca vieron llegar a las instalaciones del organismo. Los documentos quedaron registrados en el área de contabilidad y por lo tanto están al alcance de quien inicie una auditoría.
Después de todo, no sería la primera ocasión en que una oficina de gobierno sirve como caja chica para apoyar candidaturas, lo cual no justifica esas actuaciones ilegales.
Por lo pronto, la crisis administrativa en que se mantiene la Promotora motivó que en plena temporada vacacional los empleados se negaron a salir a trabajar porque no tenían equipo para barrer, recoger desechos o rescatar a bañistas en riesgo.
Al final de cuentas, lo que queda claro es que este caso revela suficientes indicios para que el gobierno estatal ejemplifique en los hechos el discurso anticorrupción de manera inmediata.
El caso amerita no solo la aplicación de una auditoría, sino la apertura de una indagatoria del ministerio público.
